Los Ecuatorianos Votarán Sobre la Reforma Constitucional, que Podría Acabar con los Derechos de la Naturaleza

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En 2008, Ecuador hizo historia al consagrar los derechos de la naturaleza en su Constitución, reconociendo a los ecosistemas como entidades vivas con derechos legales. 

Durante casi dos décadas, las comunidades indígenas y los ambientalistas han defendido estos derechos, sentando un ejemplo a nivel mundial. Los tribunales ecuatorianos han fallado a favor de los bosques, los ecosistemas marino-costeros, la fauna silvestre y los ríos, lo que constituye la vanguardia de un nuevo paradigma jurídico que trata a los ecosistemas no como recursos, sino como seres vivos. 

Ahora, eso se encuentra amenazado.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa quiere reformar la Constitución, ya que considera que el documento de 2008 es un obstáculo para el desarrollo empresarial y su enérgica lucha contra los cárteles transnacionales de la droga. Sus críticos, entre ellos ambientalistas y líderes indígenas, argumentan que Noboa está utilizando las preocupaciones en materia de seguridad para desmantelar derechos conquistados con mucho esfuerzo y acelerar la minería y la extracción de petróleo.

Desde que asumió el cargo en 2023, Noboa ha acelerado los proyectos de explotación de recursos, debilitado las protecciones ambientales, atacado a organizaciones indígenas y ambientalistas y criticado duramente a la Corte Constitucional, que ha actuado como el principal control institucional de su poder.

Todo esto despierta inquietudes sobre el futuro de la democracia ecuatoriana, afirmó César Rodríguez-Garavito, profesor de derecho y director fundador del Programa More-Than-Human Life (Vidas Más que Humanas) de la Universidad de Nueva York. La situación ha puesto en peligro las protecciones legales para la naturaleza en el lugar que él ha llamado “el país más imaginativo del mundo en materia medioambiental.”

El Consulado de Ecuador en Washington, D.C., no respondió a las solicitudes de comentarios.

Rodríguez-Garavito ha colaborado con tribunales, académicos y activistas de todo el mundo en temas de derechos humanos y medio ambiente. También ha desempeñado un papel fundamental en el movimiento global por los derechos de la naturaleza, reuniendo a abogados, pueblos indígenas, científicos, artistas y otras personas para luchar por lo que él llama los “derechos del mundo más que humano”: la red interdependiente de la vida que incluye a los seres humanos y a los no humanos.

En Ecuador, Rodríguez-Garavito ha trabajado con comunidades indígenas para promover los derechos de la naturaleza, ha estudiado la implementación de una sentencia innovadora sobre los derechos de la naturaleza y ha realizado un trabajo legal pionero para lograr que un bosque nublado fuera reconocido como coautor de una canción.

Mientras los ecuatorianos se preparan para acudir a las urnas el 16 de noviembre para decidir si permiten que Noboa reforme la constitución, Inside Climate News conversó con Rodríguez-Garavito sobre lo que está en juego para los derechos de la naturaleza. La entrevista ha sido ligeramente editada para mayor brevedad y claridad.

KATIE SURMA: Desde el punto de vista jurídico, ¿cuál ha sido la importancia del reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza en Ecuador, tanto para el país como para el mundo?

CÉSAR RODRÍGUEZ-GARAVITO: Permítanme comenzar por el ámbito nacional. Gracias a la Constitución, y una serie de decisiones judiciales, especialmente de la Corte Constitucional del Ecuador, el país cuenta ahora con lo que, en mi opinión, es el marco de derechos de la naturaleza más sofisticado e innovador del mundo.

La legislación ecuatoriana sobre los derechos de la naturaleza va mucho más allá del reconocimiento general de la importancia de los ecosistemas o las cosmovisiones indígenas que vemos en otras jurisdicciones. Ecuador ha pasado de ese reconocimiento general del valor jurídico y moral de los animales, bosques, ríos y otras especies y ecosistemas, a poner en práctica dichas disposiciones legales para proteger la naturaleza.

Por citar algunos ejemplos, la combinación de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha aclarado qué tipos de derechos tiene ciertas especies animales y qué significa en la práctica otorgar derechos a un ecosistema, como en el caso del bosque Los Cedros. La Corte también ha aclarado las relaciones entre la legislación sobre los derechos indígenas, la legislación sobre los derechos humanos y la legislación sobre los derechos de la naturaleza: sus conexiones, diferencias e interacciones.

Todo esto se ha llevado a cabo a lo largo de casi dos décadas con un nivel de detalle y rigor sin precedentes en ninguna otra parte del mundo.

Aún más importante, la verdadera prueba no es sólo si el derecho se ha vuelto más sofisticado o detallado, sino si, como resultado, los ecosistemas y las comunidades, tanto humanas como no humanas, están mejor protegidos.

Eso es algo que hemos estudiado a fondo. En el caso de Los Cedros, por ejemplo, publicamos un informe que documenta cómo se implementó la decisión de 2021 y su impacto en la práctica. Descubrimos que, gracias a la sentencia, Los Cedros sigue siendo uno de los lugares más biodiversos del mundo. Si se hiciera un estudio similar de otros ecosistemas protegidos por el marco de derechos de la naturaleza de Ecuador, sospecho que veríamos un patrón consistente, uno en el que esas protecciones han marcado una diferencia real.

Y los beneficios no son solo para la naturaleza, sino también para las personas. Siguiendo con el ejemplo de Los Cedros, las comunidades circundantes dependen del bosque para obtener agua limpia. Sin la sentencia de la Corte Constitucional, esas comunidades podrían perder el acceso a fuentes de agua limpia asequibles y confiables.

A nivel internacional, Ecuador ocupa un lugar emblemático en el imaginario ambiental global. Numerosas investigaciones demuestran que, tras la adopción de su Constitución en 2008, esta despertó un gran interés entre abogados ambientales, defensores del medio ambiente y otros gobiernos.

Si bien la Constitución de Ecuador no es la única razón por la que el movimiento por los derechos de la naturaleza ha florecido en las últimas dos décadas, sin duda es una de las principales. Yo diría que casi todos estudiosos de los avances del derecho ambiental mundial citan la Constitución de 2008 como un punto de referencia clave.

Hoy en día, existen más de 500 iniciativas en todo el planeta que se basan en la idea de los derechos de la naturaleza para promover la protección del medio ambiente. Ecuador ha desempeñado un papel central e influyente en ese ecosistema jurídico global.

SURMA: Los derechos de la naturaleza también tienen una dimensión cultural. ¿Qué ha aportado o significado culturalmente el reconocimiento legal de los derechos de la naturaleza en Ecuador?

RODRÍGUEZ-GARAVITO: Ésa es una pregunta muy importante porque, en última instancia, el cambio legal no es sostenible sin un cambio cultural.

Las innovaciones constitucionales como las de Ecuador, o cualquier cambio importante que modifique los pilares básicos del derecho y la sociedad, sólo pueden lograr una transformación a largo plazo si van acompañadas de cambios en la cultura y las visiones del mundo.

La importancia cultural de los derechos de la naturaleza de Ecuador ha sido muy considerable. Ha inspirado a muchos colectivos y pueblos indígenas en otras partes del mundo. He estado trabajando con líderes indígenas en Nueva Zelanda, por ejemplo, que están muy familiarizados con los avances de Ecuador en materia de derechos de la naturaleza y los han aprovechado en su propio trabajo. Esa innovación jurídica ha dado lugar a nuevas iniciativas, algunas formuladas explícitamente en términos de los derechos de la naturaleza y otras expresadas a través de marcos diferentes, como la legislación sobre derechos indígenas.

La influencia de la Constitución de Ecuador y los avances jurídicos que se han derivado de ella han tenido una profunda repercusión cultural en diversos ámbitos. He visto cómo artistas, diseñadores, arquitectos, periodistas, escritores y poetas se han inspirado en esta idea.

La bióloga y escritora Robin Wall Kimmerer tiene un concepto precioso que ella denomina la gramática de la animacidad. Ella sostiene que necesitamos recuperar las tradiciones y las formas de hablar sobre la naturaleza que reconocen su vitalidad; formas que reconocen el mundo más allá de lo humano mediante la gratitud y la reciprocidad, en lugar de la dominación.

En mi opinión, el marco de los derechos de la naturaleza proporciona una gramática jurídica de la animacidad. Ofrece un lenguaje y una narrativa que traducen en términos jurídicos la noción de que no estamos solos en el mundo como especie, sino que estamos interconectados y entrelazados con el mundo más que humano, y que este mundo está compuesto por sujetos, no por objetos.

Gente de todo el mundo ha entendido que la Constitución ecuatoriana expresa que la ley debe encontrar formas de reconocer la animacidad y la dignidad del mundo más que humano. Esta idea no se limita a ninguna jurisdicción o disciplina en particular. Resuena en todas las culturas, profesiones y formas de conocimiento.

SURMA: Las constituciones son documentos que, entre otras cosas, limitan el poder del gobierno. ¿Considera que los planes de Noboa harán que Ecuador sea más libre o menos libre?

RODRÍGUEZ-GARAVITO: En cierto modo, lo que está haciendo el gobierno del presidente Noboa no es nuevo. No es nuevo si se analiza en un contexto global y no es nuevo en Ecuador.

En Ecuador, el expresidente [de izquierda] Rafael Correa hizo algo similar hace unos diez años. Forzó el cierre de una importante organización ambiental y de derechos humanos llamada Fundación Pachamama, cuyas cuentas bancarias, irónicamente, han sido congeladas recientemente de nuevo por el gobierno de Noboa, que se presenta en el extremo opuesto del espectro político del partido de Correa.

Lo novedoso, sin embargo, es que Noboa ha decidido lanzar un ataque frontal contra la regulación y las organizaciones ambientales, un enfoque que resulta impactante tanto para los ecuatorianos como para los observadores internacionales. Esto resulta especialmente sorprendente debido a la importancia de la Constitución de 2008, la fuerza de los movimientos indígenas y ambientalistas de Ecuador y el hecho de que hasta hace poco Noboa se había mantenido en gran medida dentro de los límites del Estado de derecho, promoviendo su agenda proempresarial y de seguridad en gran medida dentro de los límites democráticos.

Pero en los últimos meses, eso ha cambiado drásticamente. El tono y el enfoque de su gobierno han cambiado de manera severa. La aprobación de múltiples decretos de emergencia, la persecución y criminalización de los defensores indígenas y ambientales, la presión política directa sobre los jueces de la Corte Constitucional, incluso nombrándolos públicamente, todo esto es muy preocupante.

Esto ha creado una situación política volátil, que amenaza no solo las protecciones ambientales, sino también los principios fundamentales del Estado de derecho y la democracia en Ecuador.

SURMA: Algunas voces proempresariales en Ecuador han dicho que estarían a favor de mantener los derechos de la naturaleza en la Constitución, pero reformulándolos como un derecho humano a un medio ambiente limpio. ¿Qué opina al respecto?

RODRÍGUEZ-GARAVITO: Ese argumento es jurídicamente inexacto y refleja una interpretación errónea de lo que realmente significan los derechos de la naturaleza.

Histórica y conceptualmente, el derecho a un medio ambiente saludable ha existido en numerosas constituciones de todo el mundo durante al menos 30 años. Es un concepto tan bien establecido que incluso la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que reconoce su estatus jurídico internacional. La idea de que existe un derecho a un medio ambiente saludable se ha consolidado como un elemento central del derecho internacional de los derechos humanos.

Sin embargo, los derechos de la naturaleza son una adición al conjunto de herramientas jurídicas para la protección del medio ambiente, que parte de una premisa fundamentalmente diferente.

El derecho humano a un medio ambiente saludable reconoce únicamente a un tipo de titular de derechos: los seres humanos. Esto no lo hace deficiente ni ineficaz; sigue siendo una herramienta jurídica poderosa e importante. Sin embargo, sigue operando dentro del marco antropocéntrico de las leyes internacionales y nacionales de derechos humanos.

Lo que aporta el marco de los derechos de la naturaleza es la comprensión de que existen otros sujetos, otros titulares de derechos, que también merecen consideración jurídica y moral, y cuya protección es un fin en sí mismo, no meramente un medio para alcanzar fines humanos.

Desde esta perspectiva, los intereses de los animales, los bosques, los ríos y otras entidades no humanas no están automáticamente subordinados a los intereses humanos, ni deben ser dejados de lado cada vez que entren en conflicto con intereses humanos como la propiedad privada.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tribunal más alto de su tipo en la región profundizó recientemente en esta diferencia. En una decisión histórica sobre el cambio climático, la Corte Interamericana reconoció el “derecho de la naturaleza a mantener sus procesos ecológicos esenciales” y lo distinguió del derecho a un medio ambiente saludable, que también protegió.

Esta diferencia es la razón por la cual los tipos de casos que hemos visto presentados bajo el marco de los derechos de la naturaleza no serían posibles bajo el derecho tradicional a un medio ambiente saludable.

SURMA: La Constitución de Ecuador de 2008 también ofrece sólidas protecciones a las iniciativas electorales lideradas por los ciudadanos. Dos de estas iniciativas han llevado a los votantes ecuatorianos a optar por poner fin a la producción petrolera en parte de la selva amazónica y a la minería en un bosque nublado, lo que demuestra que la protección de la naturaleza y los derechos humanos cuenta con un amplio apoyo público. ¿Estos resultados dicen algo sobre la solidez de las instituciones y los procesos democráticos y la protección del medio ambiente? 

RODRÍGUEZ-GARAVITO: Sí, sin duda. Existe una clara correlación entre la democracia y la protección del medio ambiente. Esta conexión se reconoce explícitamente en el Acuerdo de Escazú, que es vinculante para Ecuador. El acuerdo enfatiza la participación ciudadana y el papel central de las comunidades en la gobernanza ambiental.

La lógica es sencilla: la destrucción de los ecosistemas y otros impactos negativos sobre la naturaleza afectan a las personas, no solo a las personas que viven hoy, sino también a las generaciones futuras. Y estos impactos no se limitan a las comunidades que viven cerca de proyectos controvertidos, como el del Parque Nacional Yasuní. Casos como el de Yasuní son asuntos de interés nacional, y precisamente por eso la participación democrática es crucial para una gobernanza ambiental sólida.

Por supuesto, en una democracia, los ciudadanos a veces pueden votar en contra de la protección de un ecosistema en particular, pero eso es parte de la democracia. Es el sistema menos imperfecto que tenemos para equilibrar intereses contrapuestos. Y esa es también la razón por la que los líderes con tendencias autoritarias suelen restringir las medidas de protección ambiental y limitar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el medio ambiente. Hemos visto este patrón en todo el mundo, desde India hasta Venezuela y el Brasil de Bolsonaro, tanto por la derecha como por la izquierda política.

En Ecuador, una de las primeras señales de alerta bajo la presidencia de Noboa no provino de una acción, sino de una omisión. Noboa no cumplió con el mandato popular sobre Yasuní. El referéndum exigía que todas las perforaciones petroleras en la zona se detuvieran en el plazo de un año desde la votación. Durante su campaña presidencial, Noboa se había comprometido a respetar ese plazo, pero posteriormente incumplió su promesa. Al negarse a hacer cumplir la decisión, ha optado en la práctica por no obedecer la ley, retrasando su implementación con diversas excusas. 

Lamentablemente, lo que ha seguido ha sido una serie de acciones deliberadas destinadas a desmantelar las protecciones e instituciones ambientales de Ecuador. Su gobierno desmanteló el Ministerio del Ambiente y lo fusionó con el Ministerio de Energía y Minas, redujo la participación ciudadana y de la sociedad civil en la gestión de las áreas protegidas y amplió la vigilancia estatal sobre las ONG, incluidas las organizaciones ambientales, algunas de las cuales han visto congeladas sus cuentas bancarias.

SURMA: El presidente Noboa y sus partidarios sostienen que el gobierno tiene la obligación de garantizar el funcionamiento de la economía y financiar la seguridad y los servicios públicos. Según ellos, la forma más segura de financiar el presupuesto nacional es a través de las industrias extractivas. ¿Qué opina de ese argumento?

RODRÍGUEZ-GARAVITO: Es un argumento clásico. No es la primera vez que lo escuchamos. Rafael Correa utilizó la misma justificación al atacar a organizaciones ambientalistas y líderes indígenas. Correa incluso concedió una infortunada entrevista a la revista New Left Review, en la que calificó de “izquierda infantil” a los ambientalistas y líderes indígenas que criticaban sus políticas mineras y petroleras.

El argumento era que la extracción de recursos era necesaria para financiar proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras y la ampliación de los servicios sociales, lo cual, en parte, era cierto. Correa sí mejoró la infraestructura y los servicios sociales, y durante un tiempo, eso lo hizo muy popular en Ecuador.

Pero han pasado 10 años. Ahora nos encontramos inmersos en una grave crisis climática, y muchas medidas para la protección de la biodiversidad se han retrasado. Mientras tanto, otros países han demostrado que la protección del medio ambiente puede ser en sí misma una fuente de ingresos. Costa Rica lleva años haciéndolo, y Ecuador fue pionero en innovaciones económicas que protegen la naturaleza, incluyendo los intercambios de deuda por biodiversidad. Si bien la idea original de proteger Yasuní a cambio de una compensación global estuvo mal diseñada, la intuición moral y jurídica básica que la sustentaba era correcta.

Existen muchas alternativas para generar ingresos. Un ejemplo perfecto es el de las Galápagos. ¿Cuánto divisas genera para el gobierno ecuatoriano y su población?  Ecuador ya goza de un estatus emblemático en la conservación ambiental global: la Amazonía, los Andes y las Galápagos ocupan un lugar central en el imaginario ambiental mundial. El país podría aprovechar al máximo esta ventaja y promover la conservación como fuente de un desarrollo verdaderamente sostenible.

En cambio, los gobiernos que priorizan el desarrollo agresivo de las industrias extractivas suelen buscar soluciones a corto plazo a los problemas de flujo de caja. Esto puede funcionar temporalmente, pero a mediano y largo plazo es insostenible. Se corre el riesgo de que Ecuador regrese a un modelo económico que no puede perdurar en el tiempo y se pierda la oportunidad de aprovechar lo que es singularmente valioso del país: su riqueza natural.

SURMA: La industria minera se ha presentado como “proambiental”, señalando que los metales y minerales se utilizan en muchas tecnologías renovables. Algunos responsables del sector han argumentado que una nueva constitución debería renunciar a derechos o mecanismos que se han utilizado para oponerse a la minería, como los derechos de la naturaleza y las iniciativas ciudadanas. ¿Tienen razón?   

RODRÍGUEZ-GARAVITO: El problema con este argumento es que a menudo se plantea en términos tan generales que resulta difícil abordarlo desde una perspectiva objetiva y empírica. Según los casos que mejor conozco en Ecuador, los minerales en juego no suelen ser elementos de tierras raras ni litio, sino principalmente oro y cobre.

Defender la minería en general, especialmente si los derechos de la naturaleza se plantean como un obstáculo para la minería en general, supone generalizar en exceso la situación. Cada proyecto debe evaluarse según sus propios méritos, en su contexto y región específicos, equilibrando la necesidad de la extracción de minerales con el daño potencial a las comunidades y los ecosistemas.

Ese proceso debería estar basado en una sólida gobernanza ambiental: un Ministerio del Medio Ambiente para supervisar los proyectos, la participación ciudadana a través de procesos de consulta y la revisión judicial. No hay nada intrínsecamente deseable en la promoción incondicional de la minería ni en la conservación absoluta de la naturaleza en todos los casos. Se trata de encontrar un equilibrio racional entre intereses contrarios.

Por eso la democracia es crucial, y por eso el gobierno actual está avanzando exactamente en la dirección opuesta. Cuando los procesos verticales de arriba hasta abajo pasan por alto consideraciones ambientales, permiten que el nuevo Ministerio de Ambiente y Energía decida sobre los proyectos que afectan a los ecosistemas y silencian a los críticos, lo que se obtiene es una imposición incondicional y autocrática de un único punto de vista: generalmente los intereses de las industrias extractivas.

Ese enfoque pone en peligro el cuidadoso equilibrio caso por caso que es necesario para gestionar estas difíciles decisiones de forma reflexiva.

SURMA: La independencia judicial es uno de los pilares fundamentales de una democracia que funcione. ¿Qué está en juego si una nueva Constitución erosiona la independencia y la autoridad de la Corte Constitucional de Ecuador?

RODRÍGUEZ-GARAVITO: Ecuador, y el constitucionalismo latinoamericano en general, ha aprendido de las experiencias de los gobiernos autoritarios y las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX. La Constitución ecuatoriana fue diseñada deliberadamente para evitar tomas de poder autoritarias. Por eso, el texto incluye una separación de poderes cuidadosamente equilibrada.

Mi preocupación con respecto a una nueva constitución es que, si sigue el enfoque del gobierno, es probable que busque reducir el poder de los jueces y el Congreso, a la vez que aumenta el poder del ejecutivo. La historia de América Latina nos muestra cómo termina esa historia: con autocracias.

Incluso desde una perspectiva puramente empresarial, este tipo de concentración de poder debilita el buen gobierno. La previsibilidad, los controles y equilibrios, y la diversidad de puntos de vista son esenciales para que las instituciones sean estables y funcionen correctamente. La democracia puede frustrar a todos en ocasiones, pero lo hace de forma que preserva la capacidad de las diferentes facciones, partidos e instituciones para negociar, cuestionar y llegar a acuerdos o desacuerdos constructivos.

Otra preocupación sobre la futura Constitución ecuatoriana es que, si se percibe, o es presentada por el gobierno, como una venganza contra la Corte Constitucional, podría limitar drásticamente los poderes que habilitan el sistema de pesos y contrapesos. Estos poderes están consagrados en la propia Constitución de Ecuador, no fueron otorgadas por la Corte, pero esta los ha aplicado fielmente. Debilitarlos sería un grave golpe para el Estado de derecho, los derechos humanos y la protección de la naturaleza y el medio ambiente en Ecuador.

SURMA: ¿Dónde encajan los derechos indígenas en todo esto? ¿Cuál fue su papel en la inclusión de los derechos de la naturaleza en la constitución y qué significaría para esos grupos la eliminación de esa disposición?

RODRÍGUEZ-GARAVITO: Esa es una pregunta clave y es un factor crucial en el contexto ecuatoriano. El movimiento indígena fue absolutamente decisivo para garantizar la protección de los derechos indígenas en la Constitución ecuatoriana, así como la incorporación de los derechos de la naturaleza.

Desde entonces, las organizaciones indígenas han liderado muchas de las marchas, protestas y acciones directas que han rechazado los esfuerzos por debilitar dichas protecciones: intentos de eludir la consulta y el consentimiento, debilitar las protecciones territoriales o interferir en la concesión de títulos colectivos sobre sus tierras. Estos esfuerzos son una de las principales razones por las que Ecuador ha mantenido un marco de gobernanza ambiental relativamente sólido, al menos hasta hace poco.

Mirando hacia el futuro, el movimiento indígena sigue siendo una de las fuerzas más esperanzadoras de Ecuador. Si continúa protegiendo sus territorios y haciendo valer sus derechos, también puede influir en cualquier futura asamblea constituyente. Pero aún no se sabe qué pasará.

Lo que resulta particularmente preocupante es que el gobierno es muy consciente del papel fundamental que desempeña el movimiento indígena en la creación y defensa de la Constitución vigente. Esta conciencia aumenta el riesgo de que el gobierno intensifique la represión contra estos movimientos. Muchas de las organizaciones indígenas y personas cuyas cuentas bancarias han sido congeladas provienen precisamente de estas comunidades.

SURMA: ¿Algún comentario final sobre la votación del 16 de noviembre sobre la reforma constitucional?

RODRÍGUEZ-GARAVITO: Lo último que diría es que estos son temas polémicos en todas partes. Existe un desacuerdo razonable entre los diferentes sectores de la sociedad sobre el equilibrio adecuado entre la minería y la protección del medio ambiente, y sobre el grado en que deben privatizarse la economía o los organismos estatales.

Lo que resulta particularmente preocupante en el Ecuador actual es que el gobierno ha optado por debilitar precisamente las instituciones que permiten gestionar pacíficamente estos desacuerdos y debates. En un contexto político ya volátil, ha debilitado la protección de los derechos humanos y las instituciones del Estado de derecho, desde la Corte Constitucional hasta el Ministerio del Ambiente.

Ese cambio transforma la situación, que pasa de ser un debate sobre la mejor manera de proteger el medio ambiente y generar ingresos para el Estado a una situación en la que la propia democracia está en riesgo. Y todo esto ha sucedido muy rápidamente, a través de métodos altamente autocráticos, lo cual es muy preocupante.

Ya no se trata únicamente de desafíos para la protección del medio ambiente. Ahora nos enfrentamos a serios desafíos para la democracia y al Estado de derecho en Ecuador.

Traducción de Eduardo Rodrigues.