Pesticidas venenosos cuentan la historia de dos Californias

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Capturado: Esta es la segunda parte de una serie sobre cómo los entes reguladores de pesticidas ponen las ganancias de la industria por encima de la salud pública.

WATSONVILLE, California—Esperanza se estaba limpiando la tierra y el sudor del cuerpo después de otro día agotador en los campos de fresas cuando sintió un bulto en su seno derecho. A esta madre de 44 años le recordó los ocho quistes de leche que se le formaron cuando destetó a su hijo más pequeño. Salvo que esta vez, el bulto no desaparecía.

Sabía que debía ver a un médico porque había visto anuncios de interés público en la televisión en español, dijo a través de un traductor. (Esperanza es indocumentada y pidió que no se publicara su apellido para proteger su identidad.)

Esperanza proviene de una comunidad indígena en el sur de México. Habla mixteco, como un número creciente de trabajadores agrícolas de California, y aprendió español viendo telenovelas. El centro de salud comunitario de Watsonville, un importante núcleo de producción agrícola a 90 millas (145 kilómetros) al sur de San Francisco, no estaba aceptando nuevos pacientes, y la remitió al centro de salud del condado.

Tuvo que esperar meses para obtener una cita para hacerse una mamografía. Cuando estaban listos los resultados, el consultorio le pidió que fuera en persona. Se le vino el mundo abajo. Tenían que ser muy malas noticias para que no puedan darle los resultados por teléfono, pensó.

Esperanza, una mujer menuda con el pelo oscuro recogido, recordó con dolor el desconcierto que sintió cuando el médico le dijo que tenía cáncer de mama.

Le había dicho al personal médico que trabajaba en el campo, pero nadie le informó que hay docenas de sustancias agrícolas venenosas que aumentan el riesgo de cáncer, ni que los productores de fresas usan grandes cantidades de pesticidas en la tierra antes de la siembra. Estos pesticidas son especialmente tóxicos y propensos a ser arrastrados por el viento.

Estos fumigantes también se utilizan en otros cultivos y huertas, pero los productores de fresas son los que más los usan. Según estudios en roedores, uno de los fumigantes preferidos, el 1,3-dicloropropeno, también conocido como 1,3-D o Telone, causa tumores en varios órganos y glándulas, incluyendo las glándulas mamarias. Aunque California agregó el 1,3-D a la lista de carcinógenos en 1989, sigue siendo el tercer pesticida de mayor volumen en el estado.

En el condado de Monterey, una de las regiones de mayor producción de fresas donde vive y trabaja Esperanza, se aplicó cada vez más 1,3-D a pesar de que su uso en todo el estado disminuyó. Entre 2018 y 2022, el uso de 1,3-D bajó más del 20 por ciento en el estado, pero aumentó más del 80 por ciento en Monterey, según un análisis de Inside Climate News.

El análisis del ICN también sugiere que la carga de esta contaminación recae desproporcionadamente sobre inmigrantes con un dominio limitado del inglés, personas que constituyen una gran proporción de la fuerza laboral agrícola.

En las tres secciones censales con las aplicaciones más intensivas de 1,3-D entre 2018 y 2022 (todas ellas en áreas de cultivo de fresas en los condados de Ventura y Monterey), había más del doble de personas nacidas en México y en Centroamérica, y con manejo limitado del inglés, comparado con todo el estado, según el análisis de Inside Climate News. Estas zonas también tenían el doble de niños de 17 años o menos, quienes son especialmente vulnerables a estas sustancias tóxicas.

Los agricultores suelen aplicar 1,3-D en combinación con otro fumigante tóxico llamado cloropicrina, que en su origen se utilizó como arma química durante la Primera Guerra Mundial. Los científicos no pueden decir si causa cáncer porque la sustancia es tan tóxica que incapacita o mata a los animales de laboratorio, lo cual compromete los resultados de los estudios. Las aplicaciones de este antiguo agente asfixiante militar aumentaron casi un 20 por ciento en todo el estado entre 2018 y 2022, y los mismos grupos vulnerables fueron expuestos de manera desproporcionada. Los expertos en salud temen que el 1,3-D y la cloropicrina podrían interactuar y causar más daño cuando uno está expuesto a ambos.

Los inmigrantes y trabajadores agrícolas expuestos a estos químicos provienen de poblaciones marginadas, con múltiples factores estresantes que aumentan su susceptibilidad a las sustancias tóxicas, dijo el epidemiólogo ambiental Paul English, un experto en el seguimiento de los riesgos y las disparidades sanitarias en la comunidad. 

“La falta de acceso a la atención médica, la pobreza, las malas condiciones de vivienda y laborales, todas estas cosas los hacen más vulnerables”, dijo English, recientemente retirado de Public Health Institute, una organización de salud pública sin fines de lucro.

Los gases volátiles, como el 1,3-D y la cloropicrina, suponen mayores riesgos para los niños pequeños, que inhalan cantidades más altas en relación con su peso corporal y no pueden eliminar las sustancias venenosas tan eficientemente como los adultos, según muestran las investigaciones.

Para medir la posibilidad de exposición de los niños a estas sustancias, Inside Climate News calculó las cantidades de 1,3-D y cloropicrina aplicadas entre 2018 y 2022, el año más reciente con datos disponibles, dentro de dos zonas de protección: la de un cuarto de milla (0.4 km) de distancia de las escuelas, establecida por el estado, y la de una milla (1.6 km), que según los expertos en salud pública es la distancia necesaria para proteger a los niños, maestros y otros trabajadores escolares.

El Departamento de Reglamentación de Pesticidas de California (DPR) prohíbe aplicar fumigantes como el 1,3-D a menos de un cuarto de milla de una escuela dentro de las 36 horas antes del inicio de una jornada escolar. Pero el 1,3-D puede permanecer en el aire durante días y viajar kilómetros de distancia con el viento. Es por eso que los expertos en salud han pedido a los entes reguladores de pesticidas que exijan una zona de amortiguamiento de una milla alrededor de las escuelas, las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Las estimaciones de Inside Climate News se basan en un análisis del uso de fumigantes en distintas “secciones” de acuerdo con el Sistema de Levantamiento de Tierras Públicas, en el cual cada sección suele medir alrededor de una milla cuadrada (2.6 km cuadrados). Se asumió que las sustancias químicas se aplicaron de manera uniforme en las tierras de cultivo activas de cada sección.

Dadas las limitaciones de los datos disponibles, no es posible calcular exactamente dónde se aplican los pesticidas. Pero English, quien codirigió un novedoso estudio sobre el uso de pesticidas cerca de las escuelas en 2014, cuando trabajaba en el Departamento de Salud Pública de California, revisó los métodos de Inside Climate News y dijo que los resultados eran cálculos razonables.

El análisis indicó que entre 2018 y 2022, el 1,3-D se aplicó dentro de la zona de protección de una milla de distancia en el caso de más de 1000 escuelas, la cloropicrina en casi 800 escuelas y ambos fumigantes en casi 700 escuelas. Con la zona de protección de un cuarto de milla, el análisis sugirió que el 1,3-D fue aplicado en el caso de más de 400 escuelas, la cloropicrina en casi 300 y ambos fumigantes en más de 230.

Los cálculos totales variaron ampliamente, pero para las escuelas más expuestas, se estima que se aplicaron más de 100.000 libras (​​45.359 kg) de cada fumigante dentro de la zona de protección de una milla. En el caso de la escuela primaria Ohlone Elementary School, cerca de la casa de Esperanza al sur de Watsonville, se estima que se aplicaron alrededor de 10.000 libras (​​4.535 kg) de 1,3-D dentro de la zona de amortiguación de un cuarto de milla. Para la cloropicrina, se calculan más de 35,000 libras (15.875 kg) y 375,000 libras (170.097 kg), respectivamente.

Los hallazgos son “inquietantes ecos” del informe de 2014, que mostró un impacto desproporcionado del uso de pesticidas cerca de las escuelas en los niños latinos, sobre todo en el condado de Monterey, dijo Gregg Macey, director de Center for Land, Environment and Natural Resources, un centro de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Irvine. Según el informe, el condado de Monterey tenía el porcentaje más alto de escuelas y alumnos posiblemente expuestos a los pesticidas más peligrosos. Además, los niños latinos tenían casi el doble de probabilidades que los niños blancos de asistir a escuelas ubicadas cerca de zonas donde se habían aplicado las mayores cantidades de estas sustancias.

“A los entes reguladores de California les sobran los datos sobre el uso de lo que llaman pesticidas de ‘clase mundial’”, dijo Macey, quien recientemente documentó “continuas y generalizadas” violaciones de los derechos civiles debido al impacto adverso y desproporcionado de los pesticidas en las personas latinas e indígenas en las comunidades agrícolas de California. Pero incluso cuando se analizan los datos de forma adecuada, dijo, “se hace poco para proteger a los niños, estudiantes o trabajadores”.

English dijo que los riesgos para los niños en las escuelas parecen haber aumentado desde que él y su equipo revisaron las aplicaciones de pesticidas de 2010.

“Aunque los métodos no son totalmente comparables, este nuevo análisis sugiere que varias escuelas en comunidades vulnerables han tenido un aumento en la cantidad de 1,3-D y cloropicrina aplicada desde el informe de 2014”, dijo, refiriéndose a los hallazgos del ICN. “Esta tendencia preocupante debería ser una alerta sobre el aumento de los riesgos para los niños en las escuelas”.

Los funcionarios del DPR saben que el 1,3-D permanece alrededor de las escuelas y los vecindarios porque han instalado monitores de aire en las escuelas en varios condados, incluyendo Ohlone Elementary. Pero la agencia ha establecido objetivos regulatorios que permiten niveles de exposición significativamente más altos para los transeúntes de lo que se considera seguro por los científicos de salud del estado.

El DPR toma su misión de proteger la salud humana y el medio ambiente, fomentando métodos sostenibles de control de plagas y regulando el uso de pesticidas, “muy seriamente”, dijo Leia Bailey, subdirectora de comunicaciones de la agencia. “El DPR y los comisionados agrícolas del condado, y su personal de 500 personas en todo el estado, hacen cumplir las leyes y reglamentos sobre el uso de pesticidas, incluyendo las restricciones para su uso cerca de las escuelas”.

También señaló que el análisis de Inside Climate News se basa en usos de pesticidas anteriores a las nuevas restricciones, promulgadas este año, para proteger a las personas que viven cerca de los campos tratados con estas sustancias.

El hecho de que los registros de uso de pesticidas publicados en el sitio del estado tienen dos años de antigüedad es una fuente de frustración para los grupos que abogan por la reforma de pesticidas, que han solicitado por mucho tiempo datos de tiempo real para proteger a los estudiantes, los trabajadores y las comunidades. El 19 de diciembre, el DPR finalmente aprobó una medida para que la información sobre las próximas fumigaciones de suelos esté disponible al público a partir de marzo. Pero los defensores dicen que la norma no exige que se publique la ubicación exacta de los campos que se están tratando, y por lo tanto no hará lo suficiente para proteger a las comunidades.

Bajo el peso de la ley

El uso de 1,3-D y cloropicrina está prohibido en más de 30 países, incluyendo las 27 naciones de la Unión Europea.

Pero en Estados Unidos, Dow Agrosciences, el principal fabricante de la sustancia química, ha logrado mantener el uso (y las ganancias) de los pesticidas.

Ante la insistencia de Dow, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recientemente accedió a un nuevo enfoque que permite ignorar las reacciones cancerígenas que se produjeron en animales de laboratorio con determinadas dosis, como reportó Inside Climate News. La empresa tuvo menos suerte con la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de California (OEHHA, por sus siglas en inglés), que rechazó las súplicas de Dow de no tener en cuenta estas reacciones cancerígenas, y tampoco ignoró los tumores causados ​​por la inhalación de 1,3-D, una vía principal de exposición a esta sustancia, en animales de laboratorio. Ese enfoque, según Dow, justificaba establecer un objetivo mucho más alto que el que la OEHHA había determinado como seguro.

Sin embargo, el DPR de California adoptó el nivel de Dow como objetivo regulatorio para mitigar los riesgos de cáncer del 1,3-D para los transeúntes, incluyendo los residentes y los niños en edad escolar.

Dow no respondió a la solicitud de comentarios.

El hecho de que el DPR y la OEHHA, agencias asociadas a la EPA de California, hayan podido llegar a conclusiones tan distintas sobre los niveles seguros de una sustancia química cancerígena refleja la influencia de los factores económicos y el interés de DPR por satisfacer a los agricultores y los fabricantes de pesticidas, dicen los críticos.

Sin embargo, el DPR insiste en que sus normas están diseñadas para proteger la salud pública.

La OEHHA, una agencia de asesoramiento científico, evalúa los peligros para la salud de las sustancias químicas, y establece niveles que no suponen un riesgo significativo de cáncer, para las agencias reguladoras como el DPR. En una reunión pública en febrero pasado, Mark Weller, director de campaña de la coalición estatal de grupos de interés público Californians for Pesticide Reform, le preguntó a Yana García, la secretaria de la Agencia de Protección Ambiental de California (Cal/EPA, por sus siglas en inglés), cómo las dos agencias podrían conciliar sus conclusiones sobre los niveles seguros de exposición para proteger a las personas. “Necesitamos alinear nuestros esfuerzos”, dijo García, añadiendo que los objetivos regulatorios deberían estar al nivel que más protege la salud.

Los californianos que viven, trabajan y asisten a la escuela cerca de los campos tuvieron un breve descanso del 1,3-D hace años, cuando se detectaron niveles inusualmente altos del fumigante en el aire.

En 1990, California prohibió el 1,3-D después de que un monitor registrara niveles inadmisibles del pesticida en una escuela secundaria en el condado de Merced, donde se usa principalmente en los campos de batata o camote.

Pero cuatro años después, el DPR volvió a permitir el uso de 1,3-D con varias restricciones, incluyendo un límite a la cantidad que se podía aplicar dentro de un área denominada municipio, que mide aproximadamente 36 millas cuadradas (93,2 km cuadrados) de superficie. El DPR también firmó un acuerdo con Dow (que en ese momento se llamaba DowElanco) para abordar los riesgos de la exposición al 1,3-D a través de un programa para limitar las emisiones.

En 2015, los científicos de la OEHHA advirtieron al DPR que estaba subestimando el riesgo de cáncer del 1,3-D para los trabajadores y habitantes cercanos, y que no estaba teniendo en cuenta la mayor sensibilidad de los niños ni los riesgos de la exposición simultánea con la cloropicrina.

Dos años después, Californians for Pesticide Reform demandó al DPR en nombre de una recolectora de fresas del condado de Ventura llamada Juana Vasquez, que vivía con su familia cerca de campos tratados con 1,3-D y cuyos hijos asistían a escuelas cercanas a zonas de alto uso del pesticida. La agencia “abusó de su discreción”, ignoró las recomendaciones de la OEHHA y desobedeció las normas regulatorias cuando permitió un aumento de 22,5 veces en las aplicaciones de 1,3-D entre 1999 y 2014, según la denuncia.

Un tribunal de California coincidió en 2018, y calificó el acuerdo de la agencia con Dow como “una cuestionable tercerización de una función regulatoria del gobierno”.

Dow apeló la decisión y el DPR se unió a la demanda como “parte interesada”. La agencia argumentó que su acuerdo con la empresa para gestionar las emisiones no era una regulación. Pero el tribunal de apelaciones rechazó este razonamiento en 2021. La propuesta de reglamento que la agencia finalmente publicó en 2023 era para “transeúntes no ocupacionales”. Con esta categoría se eludía el requisito legal de colaborar con la OEHHA en las normas de seguridad laboral, y el DPR podía establecer un objetivo regulatorio mucho más alto del recomendado por los científicos de salud estatales.

“La OEHHA estableció un nivel para todos los californianos, pero no tiene ningún propósito si las personas que están realmente expuestas a esta sustancia no se benefician”, dijo Jane Sellen, codirectora de Californians for Pesticide Reform.

El grupo demandó al DPR de nuevo el año pasado. Un juez ordenó a la agencia que cumpliera con la orden judicial original, la cual exige que los reglamentos se elaboren de acuerdo con la ley.

Las aplicaciones más altas de 1,3-D y cloropicrina ocurren en los campos de fresas que generaron a los productores de California casi $3 mil millones el año pasado, y donde el trabajo de cosechar es agotador. 

El mes pasado, siete años después de la primera demanda contra el DPR por no cumplir con los requisitos estatales, la agencia publicó un proyecto de norma para las personas que trabajan cerca de los campos tratados con el pesticida, con un objetivo regulatorio cinco veces más alto que el límite que dio la OEHHA para reducir el riesgo de cáncer de por vida.

El DPR supuso que los trabajadores podían exponerse a estas sustancias de manera segura por 40 horas a la semana durante 40 años, dijo Sellen. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores agrícolas, como Esperanza y Vasquez, viven con sus familias cerca de su lugar de trabajo, y por lo tanto están mucho más expuestos de lo que estima el DPR.

La agencia también asumió que las jornadas laborales empiezan a las 8 a.m. y terminan a las 4 p.m., dijo Sellen. Pero la mayoría de los trabajadores agrícolas comienzan antes de las 7 a.m., e incluso más temprano a medida que el cambio climático traiga más olas de calor. Las altas temperaturas requieren que los trabajadores estén en los campos temprano en la mañana y en la noche, cuando hay menos viento para disipar los fumigantes en el aire y las condiciones atmosféricas tienden a mantenerlos cerca del suelo.

Estas conjeturas permiten al DPR decir que está aplicando los objetivos de seguridad de la OEHHA para proteger a los trabajadores cerca de los campos tratados, dijo Sellen. “Pero no protege a los niños. No protege a los habitantes. Y tampoco protege a los trabajadores agrícolas, porque no tiene en cuenta su exposición a los pesticidas cuando regresan a su casa”.

Bailey, del DPR, dijo que la propuesta reglamentaria “funcionará en conjunto” con la regla de los transeúntes para reducir la posible exposición en las zonas de mayor uso de 1,3-D. También dijo que la agencia revisará cualquier dato nuevo sobre las horas que los trabajadores pasan en áreas cercanas a los campos tratados con 1,3-D, y cómo esto afecta la posible exposición a pesticidas.

Una larga historia de discriminación

Hace un cuarto de siglo, la EPA de Estados Unidos dictaminó que el uso de pesticidas por parte de los agricultores de California estaba afectando a las personas de color, y sobre todo a los niños latinos, de manera desproporcionada. En ese momento, el bromuro de metilo, una poderosa sustancia química neurotóxica, era el fumigante preferido de los productores de fresas. Los agricultores cubren los campos fumigados con lonas de plástico especiales para contener los gases en el suelo. Pero los grupos que abogan por la reforma de pesticidas dicen que los vientos pueden aflojar las lonas, y que estas pueden tener fugas por el uso y el desgaste.

Un grupo de padres en los condados de Monterey y Ventura presentó una queja por violación de derechos civiles ante la EPA, después de que un informe de la organización sin fines de lucro Environmental Working Group reveló que los productores estaban usando decenas de miles de libras del fumigante cerca de escuelas donde estudiaban principalmente niños latinos.

En 2011, casi 12 años después, la EPA anunció que había encontrado “un efecto adverso y dispar no intencional” en los niños latinos causado por el bromuro de metilo. En esa época, los productores redujeron su dependencia del bromuro de metilo, que daña la capa de ozono, y empezaron a recurrir cada vez más al 1,3-D y la cloropicrina.

Pero la agencia no limitó el uso del bromuro de metilo ni exigió alternativas más seguras. En cambio, exigió al DPR que llevara a cabo un monitoreo del aire en los condados de Monterey y Ventura e instalara un monitor de aire adicional en la escuela primaria Ohlone Elementary, al sur de Watsonville, una de las áreas más afectadas.

Ese monitor, como otros en el estado, ha detectado rutinariamente cantidades de 1,3-D por encima de los niveles que no suponen un riesgo significativo de cáncer, establecidos por la OEHHA en 2022.

La industria productora de fresas de California sostiene que las estrictas normas del estado minimizan los riesgos de los fumigantes. Jeff Cardinale, director de comunicaciones de la Comisión de Fresas de California, dijo que los productores han invertido más recursos que cualquier otro grupo tal en el mundo para controlar las enfermedades del suelo, lo que ha generado nuevas tecnologías para reducir las emisiones de los fumigantes y aumentar la capacidad de las plantas de fresa para resistir las plagas.

Sin embargo, muchas personas que viven y trabajan en regiones productoras de fresas no entienden cómo la industria puede seguir dependiendo tanto de sustancias químicas tan tóxicas.

Cuando Melissa Dennis empezó a dar clases de tercer grado en Ohlone Elementary en 2010, estaba encantada con la idílica imagen de una escuela rural situada entre los campos de fresas. Se imaginaba haciéndose amiga del granjero de enfrente y llevando a sus alumnos a corretear por el campo y recoger fresas.

Pero luego aprendió cómo se cultivaban las fresas, y se dio cuenta de que la bucólica excursión que se había imaginado era “totalmente imposible”.

“Acercarse a un campo de fresas es una locura si te importa tu salud”, dijo Dennis. “Las fresas son el producto agrícola más tóxico que existe”.

Dennis se puso furiosa cuando se enteró de que este año, el DPR había establecido un nivel admisible de exposición para los transeúntes mucho más alto del que los científicos de salud del estado consideran seguro.

“Fue una bofetada en la cara”, dijo. “Estuvimos expuestos a un nivel peligroso de 1,3-D, y la única ayuda que recibimos del Departamento de Reglamentación de Pesticidas fue cambiar la definición de lo que se considera peligroso, no cambiar la cantidad de sustancias químicas a las que estamos expuestos”.

Cuando comenzó a dar clases en Ohlone, Dennis observó cuántos niños tenían problemas de aprendizaje serios y necesitaban enseñanza especial. También vio cuántos niños sufrían de asma “muy fuerte”. Y cáncer.

“Tuve un niño con leucemia”, dijo Dennis. “Luego, unos años después, tuve una alumna con un tumor cerebral. Pudieron sacarle el tumor, pero quedó ciega y tuvo que tener un asistente”.

Otra alumna tuvo cáncer cuando estaba en primer grado. El pelo que perdió por la quimioterapia le volvió a crecer y ya no tiene cáncer, pero ahora toma una clase de educación especial porque se atrasó en sus estudios al pasar tanto tiempo en el hospital.

El cáncer infantil es tan poco frecuente que muchos maestros nunca verán un caso en sus clases, dicen los expertos. Después de ver a tres estudiantes luchar contra el cáncer, y sabiendo que la mayoría de sus padres trabajaban en los campos de fresas, Dennis está convencida de que hay un vínculo. Su colega, el maestro de jardín de infantes George Feldman, piensa lo mismo. 

Durante muchos años, Feldman cerraba la puerta de su aula cuando sentía un olor extraño que provenía del campo de enfrente. Ha visto a sus estudiantes luchar contra el cáncer y a uno de ellos perder a uno de sus padres a causa de la enfermedad.

El año pasado, a Feldman le diagnosticaron cáncer de colon y pasó las primeras tres semanas y media de clases recuperándose de una cirugía. Decidió someterse a un tratamiento de quimioterapia preventiva para evitar que el cáncer reaparezca.

“Tenemos que minimizar el uso de pesticidas”, dijo. “Mi ausencia durante meses le costó a la escuela miles de dólares. Me parece que podríamos reducir la cantidad de carcinógenos en mi vida, en lugar de pagar por ellos”.

En una ventosa tarde de primavera, Dennis se acercó al monitor de aire junto al patio de juegos de Ohlone Elementary mientras los niños se reían y gritaban a unos metros de distancia.

“El DPR nos dice que tratan de tomar muestras al azar”, dijo, evidentemente frustrada. Dennis quiere que el monitor se sincronice con las fumigaciones, especialmente cuando los productores tratan el suelo con más cantidades antes de plantar en el otoño, la época que la gente llama “la temporada Telone”.

Si los registros del monitor y los avisos de aplicación de pesticidas se compartieran en tiempo real, dijo, los maestros podrían tratar de minimizar su exposición y la de sus alumnos.

“Cuando ganamos ese juicio, lo único que obtuvimos fue un monitor que nos muestra que estamos siendo expuestos”, dijo Dennis, refiriéndose a la demanda de derechos civiles de 1999. “Pero no se ha hecho nada para reducir la cantidad de exposición con la que viven nuestros estudiantes”.

Resistiendo

Cuando las lonas que se usan para contener las emisiones de fumigantes se rompen, no solo pueden afectar a las personas que están cerca, sino que también pueden poner en grave peligro a los trabajadores.

Hace varios años, Esperanza iba caminando apurada por el campo sosteniendo una pesada caja de fresas sobre su cabeza cuando su pie quedó atrapado en una lona rota. Perdió el equilibrio, se torció el tobillo y cayó de espaldas. El supervisor le dijo que se le pasaría, pero el dolor de espalda no desapareció. En la sala de emergencias, se enteró de que se había roto un disco.

También es posible que haya sido expuesta al 1,3-D o la cloropicrina. Los fumigantes pueden filtrarse del suelo durante semanas si se exponen al aire. Entre 2010 y 2020, el DPR registró casi 375 casos de enfermedad “definitiva” o “probable” relacionada con los pesticidas en trabajadores en los campos tratados o cerca de ellos, según muestran los datos más recientes.

Rocío Ortiz era estudiante en la escuela secundaria Watsonville High School cuando empezó a trabajar en los campos de fresas en el verano, para ahorrar dinero para la universidad. Sabía lo que le esperaba porque sus padres, inmigrantes mixtecos de Oaxaca, habían cosechado fresas en California durante más de 20 años.

Ahora, con 18 años, Ortiz está en su primer año en la Universidad Estatal de Monterey Bay. No se había dado cuenta de lo peligroso que podía ser el trabajo en el campo hasta el verano pasado, cuando ella y su hermana mayor sintieron un olor “fuerte y desagradable”. Les empezaron a arder los ojos y les picaba la piel. Ortiz vio a una persona con equipo de protección en un tractor que aplicaba pesticidas en el campo de al lado. Su jefe le dijo que no se preocupara y que usara un pañuelo.

Los empleadores deben mantener a los trabajadores fuera de los campos donde se estén aplicando pesticidas, una zona de protección que se extiende 100 pies (30,5 metros) del equipo de fumigación. También deben avisar a los trabajadores si han habido tratamientos recientes, o poner carteles de advertencia en los campos tratados. Pero no se hizo ninguna de esas dos cosas ese día, dijo Ortiz.

“Si hubiera sabido que podía reportar el uso de pesticidas cerca nuestro, habría presentado una queja”, dijo Ortiz, cofundadora del grupo de justicia ambiental juvenil Future Leaders of Change.

En apenas tres semanas en los campos donde Ortiz recogió fresas, el verano pasado, se aplicaron miles de libras de cloropicrina y productos a base de 1,3-D, según datos obtenidos a través de una solicitud de registros públicos.

Ahora Ortiz se pregunta si todos los años que su familia cosechó fresas contribuyeron a sus problemas de salud. La madre de Ortiz tuvo un aborto espontáneo hace unos 20 años, y su hermana menor nació con asma. Hace solo cuatro años, tuvieron que llevar a su padre al hospital porque tenía dificultades para respirar, fuertes dolores de cabeza y vómitos después de un día de trabajo en el campo.

No es posible decir con certeza si los pesticidas fueron la causa. Pero cada vez hay más evidencia que vincula a estas sustancias con un mayor riesgo de aborto espontáneo, asma, dolores de cabeza, náuseas y falta de aliento, entre otros problemas de salud.

“Se supone que el DPR existe para proteger al público”, dijo Yanely Martínez, organizadora de Californians for Pesticide Reform. Martínez sirvió durante ocho años en el consejo municipal de Greenfield, al sur de Watsonville. “Pero no lo están haciendo”.

“Lo que más nos molesta a todos, especialmente a los organizadores que trabajan en las comunidades afectadas, es que esto no debería estar sucediendo”, dijo Martínez, hija de trabajadores del campo que emigraron de México hace décadas.

El mes pasado, grupos que abogan por la reforma de pesticidas organizaron una manifestación en Watsonville, frente a un cine que estaba presentando películas estudiantiles mostrando cómo es la vida con estos químicos. Maestros, estudiantes, trabajadores del campo y miembros de la comunidad exigían el fin de la regulación “separada y desigual” del uso de 1,3-D y sostenían carteles que decían “Nuestros niños merecen mejor” y “Si es peligroso, busquen algo más seguro”.

“Esto es un ataque racista contra nuestras comunidades de trabajadores agrícolas, y no viene de Trump, sino de nuestra propia institución estatal”, dijo Martínez dirigiéndose a la multitud, haciendo referencia a la promesa del presidente electo de llevar a cabo una deportación masiva.

El 1,3-D es un doloroso recordatorio de que el llamado “sueño americano” es solo una ilusión para los trabajadores agrícolas migrantes, dijo Martínez a Inside Climate News.

“Mucha de nuestra comunidad inmigrante no tiene seguro médico”, dijo. “Personas como Esperanza reciben un trato horrible en el trabajo. El salario es pésimo. Y para colmo, los están envenenando”.

Dennis, la maestra de Ohlone Elementary, está agradecida de que al menos un agricultor esté reduciendo su uso de estos venenos. Hace unos años, el productor de enfrente de la escuela comenzó a cultivar fresas orgánicas.

Su sueño de retozar por el campo con sus estudiantes se hizo realidad por fin. “Hemos estado haciendo visitas con él”, dijo.

“Esta es la niña a la que le pudo crecer su pelo de nuevo”, dijo, sonriendo, mientras mostraba fotos en su teléfono. “Es tan linda”.

“Estamos contraatacando”, dijo Dennis. “Pero nuestros esfuerzos son gotas contra un tsunami de sustancias tóxicas que nos rodean”.

En una versión anterior de este artículo, aparecía el horario incorrecto en el que el Departamento de Reglamentación de Pesticidas de California prohíbe el uso de fumigantes como el 1,3-D a menos de un cuarto de milla de una escuela. Su uso se prohíbe dentro de las 36 horas anteriores al inicio de la jornada escolar, no de 6 a.m. a 6 p.m. en los días escolares.