Protestas de trabajadores agrícolas y aliados en una audiencia sobre pesticidas en California

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Capturado: Esta es la segunda parte de una serie sobre cómo los entes reguladores de pesticidas ponen las ganancias de la industria por encima de la salud pública.

SALINAS, California—El jueves por la noche, miembros de las comunidades de trabajadores agrícolas y sus aliados se concentraron en una sala de reuniones del condado de Monterey, a unas 100 millas (161 km) al sur de San Francisco, para reclamar ante las autoridades estatales de control de pesticidas protección contra el fumigante cancerígeno 1,3-D.

El Departamento de Reglamentación de Pesticidas de California (DPR) celebró la tercera de cuatro audiencias en Salinas, una importante región productora de bayas, con el fin de escuchar las opiniones de la gente sobre la propuesta de acción regulatoria para el uso del 1,3-dicloropropeno (1,3-D), un fumigante utilizado intensivamente por los productores de fresas.

La agencia dice que el proyecto de norma está basado en la ciencia y protegerá a los trabajadores agrícolas de la exposición al 1,3-D en los campos vecinos. Pero en esta y otras audiencias anteriores, montones de personas expresaron que la norma es demasiado débil e instaron al DPR a prohibir o restringir significativamente el uso de la sustancia química, que California reconoció como cancerígena en 1989.

En sus testimonios, muchos dijeron que padecían de cáncer u otras enfermedades crónicas a causa de la exposición a los pesticidas, o que tenían seres queridos, vecinos o compañeros de trabajo que sufrían de enfermedades similares. A lo largo de la audiencia, que duró dos horas, las voces de los oradores se elevaron con frustración, y los aplausos respetuosos de la multitud después de cada testimonio se convirtieron en gritos estridentes. A media hora del final, docenas de manifestantes detuvieron la audiencia y se echaron al suelo, simulando estar muertos, mientras sostenían fotos de víctimas de cáncer. Al mismo tiempo, otros marchaban por la sala con pancartas, repitiendo lo que se ha convertido en su grito de guerra: “DPR, no te puedes esconder, ¡tu lado racista podemos ver!”.

Antes de que los manifestantes se apoderaran de la reunión, los trabajadores agrícolas, sus hijos, organizadores comunitarios, estudiantes, doctores, enfermeras, maestros, madres y abuelas, muchos de ellos hablando en español, reclamaron a las autoridades que tomen en serio sus preocupaciones.

Los oradores advirtieron a los funcionarios que no están teniendo en cuenta lo generalizada que está la exposición a pesticidas entre los trabajadores agrícolas y sus familias. Están expuestos a los fumigantes aun cuando están fuera de los campos, lo cual implica que la semana laboral de 40 horas que suponen las autoridades es irrelevante. Están expuestos a estos pesticidas desde el útero hasta la tumba, dijeron. Contaron que los trabajadores comienzan sus días laborales horas antes del horario que asume la propuesta reglamentaria, cuando las condiciones climáticas pueden mantener los fumigantes cerca del suelo y aumentar la exposición.

Muchos apelaron al sentido de justicia de los funcionarios. Compartieron historias conmovedoras que ilustran cómo las políticas del departamento perjudican a las personas que le dan de comer al país, y sobre todo a los trabajadores latinos e indígenas y a sus familias.

“Estoy aquí como representante y co-fundador del grupo Future Leaders of Change, y más importante aún como miembro de mi comunidad, que durante muchos años, como muchas otras comunidades, en nuestro Valle Central, en nuestra Costa Central, ha sido ignorada y se le ha permitido sufrir bajo la mirada del Departamento de Reglamentación de Pesticidas”, dijo Víctor Torres, un estudiante de primer año en Monterey Peninsula College cuyos abuelos dejaron México para trabajar en los campos cercanos.

Torres tenía solo 10 años cuando lo llevaron de urgencia al hospital después de que los pesticidas aplicados cerca de su escuela secundaria desencadenaran un ataque de asma potencialmente mortal. Comenzó a abogar por una reforma a la regulación de uso de pesticidas cuando era estudiante en la escuela secundaria Greenfield High, al sur de Salinas.

Aunque el 1,3-D ahora está prohibido en 40 países, sigue siendo el tercer pesticida más utilizado en California, dijo Torres. “No se puede permitir que esto continúe bajo su vigilancia. DPR, haz tu trabajo. No debería tener que estar repitiéndolo. Es indignante que tengamos que seguir viniendo aquí, a contar nuestras historias, a derramar nuestro sufrimiento, y que no cambie nada. Lo único que pedimos son controles adecuados”.

El Departamento de Reglamentación de Pesticidas no cuenta con un sistema para proteger a las comunidades de trabajadores agrícolas de los niveles elevados de 1,3-D en el valle de Salinas, dijo Ana Barrera, maestra de secundaria de la zona.

Es necesario instalar sistemas de monitoreo de aire en cada escuela para detectar el desplazamiento de los pesticidas y facilitar procedimientos de emergencia para proteger a los estudiantes y al personal, dijo Barrera. “Necesitamos la ubicación exacta del uso de cualquier pesticida”, dijo, y agregó que las zonas de protección de 100 pies (30,5 metros) propuestas por la agencia “son completamente inadecuadas para proteger contra fumigantes que pueden desplazarse a grandes distancias en cantidades dañinas”.

Kari Aist, que trabajó como maestra sustituta durante años en el condado de Ventura, otra importante región productora de fresas, acusó al DPR de “avanzar una política que perjudica de forma desproporcionada a las comunidades de trabajadores agrícolas latinos e indígenas, y perpetúa el racismo ambiental. Es una situación absolutamente inaceptable”, dijo durante la audiencia, donde presentó un artículo de Inside Climate News para que sea de dominio público.

El análisis de Inside Climate News, publicado en diciembre, encontró que si bien el uso de 1,3-D cayó más del 20 por ciento en todo el estado entre 2018 y 2022, aumentó más del 80 por ciento en el condado de Monterey. El análisis también mostró que la carga de esta contaminación recae desproporcionadamente sobre los inmigrantes con un manejo limitado del inglés, como es el caso de la mayoría de la población de trabajadores agrícolas de California y muchos de los que asistieron a la audiencia.

“Sin justicia no hay paz”

Los que abogan por la reforma de la directiva sobre pesticidas y las comunidades a las que representan le han reiterado a las autoridades estatales que adopten el nivel de riesgo de cáncer establecido en 2022 por la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de California (OEHHA, por sus siglas en inglés), que supervisa la ley de derecho a información. 

“Cuando ustedes emitieron el reglamento para los residentes cercanos, ignoraron los límites legales de riesgo de cáncer de por vida establecidos por la OEHHA”, dijo Mark Weller, director de campaña de Californians for Pesticide Reform, una coalición estatal de grupos de interés público, refiriéndose a una norma adoptada el año pasado.

En cuanto al proyecto de norma para los transeúntes ocupacionales (trabajadores agrícolas que se encuentran cerca de la aplicación de pesticidas), Weller dijo: “Si hay un trabajador en los campos cerca de donde se aplica 1,3-D que solo trabaja de 8 a.m. a 4 p.m., cinco días a la semana, durante 40 años, y nunca está expuesto al 1,3-D antes o después del trabajo, incluso en la niñez y en el retiro, entonces ese trabajador agrícola podría estar protegido. Pero todos sabemos que ese trabajador no existe”.

El DPR desarrolló la propuesta de reglamento para los transeúntes ocupacionales “conjunta y mutuamente” con la OEHHA, y adoptó su nivel recomendado de concentración en el aire como base para el reglamento, dijo Leia Bailey, portavoz del DPR.

Bailey dijo que las regulaciones para los transeúntes ocupacionales y residenciales actúan conjuntamente para abordar los riesgos del uso de 1,3-D, tanto para las personas que trabajan en los campos como para las que viven cerca de ellos. “Además”, dijo, “la propuesta incorpora la posibilidad de restricciones y acciones regulatorias adicionales si se exceden los niveles de concentración en el aire”.

La directora del programa ambiental del DPR, Ann Schaffner, explicó en la audiencia que la agencia evaluará las concentraciones de 1,3-D en el aire en las actuales estaciones de monitoreo para asegurar que se cumplan con los requerimientos protectores tanto para los residentes como para los trabajadores. Pero el estado no tiene monitores de aire en la mayoría de los lugares donde se aplica 1,3-D, incluso en la región de Salinas. Y la agencia no ha propuesto notificar a las comunidades en tiempo real si los niveles del pesticida superan sus objetivos reglamentarios.

Los organismos científicos autorizados, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, advierten que no existe un nivel seguro de exposición a un carcinógeno. Los grupos que abogan por la reforma del uso de pesticidas, y las comunidades de trabajadores agrícolas que representan, han apelado al DPR durante años para que refuercen las restricciones de uso de 1,3-D. Sostienen que California sigue permitiendo el uso intensivo de sustancias tan peligrosas como el 1,3-D debido a los intereses económicos.

Según muestra una revisión de registros de actividades de cabildeo del estado, grupos de la industria agrícolas y fabricantes de productos químicos gastaron más de 3,4 millones de dólares entre 2015 y 2024 para influir en los legisladores y agencias de California, incluyendo el DPR y la OEHHA, con respecto al 1,3-D y otros temas. Sólo un grupo de interés público, el no partidista Friends Committee on Legislation of California, presionó a los funcionarios estatales sobre el uso de 1,3-D, según los registros. Los documentos muestran que gastaron alrededor de 17.700 dólares y pidieron al DPR que adoptara un estándar único de uso seguro de 1,3-D para todos los californianos, para “garantizar la protección igualitaria contra este pesticida cancerígeno”.

Los registros presentados por grupos de la industria, incluyendo Dow, el fabricante del 1,3-D, y por grupos comerciales de productores, no detallaron qué solicitaron a las agencias con respecto al 1,3-D.

En la audiencia, Renee Pinel habló en nombre de Western Plant Health Association, que representa a las compañías de protección de cultivos y estuvo entre los que contrataron a lobistas para influir en los funcionarios estatales. “California ya tiene las regulaciones más conservadoras del país de uso de 1,3-D para proteger a los trabajadores”, dijo Pinel. “Pedimos que el DPR siga trabajando con el sector agrícola para incluir sistemas y técnicas de aplicación flexibles, y asegurar que estos productos estén disponibles”.

Aunque representa a más de 90 organizaciones para reducir el uso de pesticidas en el estado, Californians for Pesticide Reform no contrató a lobistas para influir en los funcionarios. Recurrieron a otros medios para captar la atención de las autoridades.

Weller se veía claramente frustrado cuando le dijo a los funcionarios del DPR en la audiencia que si no iban a prohibir el 1,3-D, al menos deberían redactar sus reglamentos para garantizar que ningún californiano esté expuesto a niveles más altos de los que se consideran seguros para la salud. Luego exclamó: “¿No hay justicia? ¡No hay paz!”, se tiró al suelo y simuló estar muerto.

Durante media hora más, los manifestantes siguieron gritando a coro por encima de los últimos oradores, incluso aquellos que pedían a los reguladores que prohibieran el 1,3-D, en una audiencia que los miembros de la comunidad calificaron de “fraudulenta”.

“El DPR y la OEHHA aprecian la participación del público en el proceso regulatorio”, dijo Bailey del DPR, refiriéndose a los comentarios de la multitud y la enérgica protesta. “Estas colaboraciones guiarán las medidas de protección contra la exposición al 1,3-D para los transeúntes ocupacionales”.

La gran mayoría de las personas en la audiencia tienen poca fe en que su participación lleve a un cambio.

Antes de que la audiencia se convirtiera en un caos, un organizador de Greenpeace reprendió a los reguladores por tratar a los trabajadores agrícolas como poblaciones desechables. “Les debería interesar proteger a las personas que los alimentan”, dijo Ana Rosa Rizo-Centino, que anteriormente trabajó durante años con la Unión de Campesinos (United Farm Workers).

“He venido a tantas de estas audiencias, y siempre es lo mismo. Tenemos que rogar por la validez, por la dignidad de nuestras vidas”, dijo. “Eso no está bien”.

Nota: El viernes 24 de enero es el último día para enviar comentarios al Departamento de Reglamentación de Pesticidas sobre su propuesta de acción regulatoria de 1,3-D para transeúntes ocupacionales. Los comentarios se pueden enviar por correo electrónico a la agencia a [email protected].

This article was translated to Spanish by Valentina Di Liscia.

Este artículo fue traducido al español por Valentina Di Liscia.